La protección social tiene como antecedente el establecimiento de la seguridad social en 1943, con la Ley de Seguridad Social, cuyo artículo 2 dispone que “la seguridad social tiene por fin garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que estará garantizada por el Estado”.
Uno de los objetivos principales de los esquemas de protección social es ofrecer a los trabajadores protección económica y de salud ante la vejez, la discapacidad y la muerte, así como ante la maternidad, enfermedades y accidentes que ocasionen incapacidad temporal para trabajar.
Aunque en la Constitución se señala la obligación del Estado de garantizar la seguridad social de los mexicanos, los datos de pobreza dados a conocer por el CONEVAL en 2016 dan cuenta de una disminución en el porcentaje de mexicanos que carecen de acceso a la seguridad social: 55.8% (68.4 millones de personas) respecto a 60.7% del año 2010. A pesar de la disminución, esta es aún la carencia social que presenta los niveles más altos de rezago.
Y es que, hoy día, tal como lo señala el CONEVAL, “la seguridad social no ha podido cubrir a todos los trabajadores y a sus familias ya que la legislación social sobre seguridad social ha quedado rezagada frente a las nuevas configuraciones de familia, por ejemplo, no considera la protección de los conyugues del mismo sexo y las familias homoparentales, lo que produce un nuevo tipo de exclusión a la seguridad social”.
Sin duda, la protección social es más amplia gracias a la cobertura de los programas no contributivos, tales como el Programa de Apoyo al Empleo, el Seguro Popular, el Seguro Médico para una Nueva Generación, Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, Pensión para Adultos Mayores y el Seguro para Jefas de Familia.
En el libro Evaluación estratégica de protección social en México, editado por el CONEVAL, se señala que la protección social —entendida como el conjunto de intervenciones de política pública cuyo objetivo es incidir en el manejo de riesgos que afectan el nivel de ingreso y consumo de la población durante su ciclo de vida— no está integrada y tiene problemas de concepción a nivel global que se reflejan en que las políticas de desarrollo social no están asociadas a derechos y no benefician a todos los mexicanos.
Asimismo, el acceso y calidad de los programas sociales es desigual y la complementariedad entre dependencias y entidades para llevarlos a cabo es débil además de que no existen instrumentos eficaces dirigidos a la población vulnerable que podría caer en situación de pobreza o pobreza extrema con cualquier crisis inesperada.
En el informe, además, se hace un análisis de los riesgos asociados a la protección social que enfrentan los mexicanos durante el transcurso del ciclo de vida, los agrupa en cuatro dimensiones y considera que deben ser objeto de un sistema de protección social:
La primera se refiere a la falta de acceso a los servicios de salud que, además de repercutir en las condiciones de salud, incide en el gasto familiar. Esta dimensión tuvo avances importantes: la población con carencia de acceso a la salud, de acuerdo con las cifras del CONEVAL disminuyó 59.9% entre 2008 y 2016, esto equivale a que 23.8 millones de personas lograron acceso a los servicios de salud en ese periodo. Además de que la afiliación al Seguro Popular y al Seguro Médico para una Nueva Generación creció de manera importante, lo que representa un logro hacia la universalización de la cobertura en salud.
La segunda se refiere al trabajo y a su vez al desempleo, a la desocupación y subocupación, así como al periodo de licencia posparto y a la carencia de estancias o guarderías que les permitan a los padres o tutores continuar trabajando y, como consecuencia, tener un efecto en el ingreso de sus hogares. Además, la oferta de servicios de cuidado infantil, aunque diversa, no es suficiente en cuanto a lograr un equilibrio entre los horarios laborales y los de atención de este servicio.
Respecto a esta dimensión, como señala el informe, el nivel de tasa de desocupación parece bajo si se contrasta con los países que integran la OCDE, pero ello se debe a que la tasa de desocupación en el país no registra con precisión la alta rotación. La capacidad de atención de los programas de apoyo al empleo analizados es insuficiente (1.3 millones de personas atendidas en 2016) para aminorar el nivel de desocupación (1.9 millones en el mismo año).
Otro dato importante es sobre la participación de las mujeres en el ámbito económico, la cual ha aumentado pero se ha estancado en los estratos más pobres.
La tercera dimensión se refiere a las pensiones de vejez, ya que el sistema genera una desigualdad horizontal, pues dependiendo del lugar de residencia o sector laboral, los trabajadores tienen acceso a paquetes de beneficios muy diferentes.
Finalmente, la cuarta alude a un ingreso insuficiente o menor a la línea de bienestar económico, aunque el programa PROSPERA es una de las acciones que se han emprendido para enfrentar contextos económicos adversos, por su diseño, no es adecuado para enfrentar crisis económicas coyunturales. Por el contrario, el Programa de Empleo Temporal y su ampliación a zonas urbanas es una respuesta más eficiente a este tipo de crisis pero su cobertura y el monto que otorga no es suficiente.
El nuevo gobierno deberá enfrentar diversos retos en la seguridad social en el conjunto de políticas públicas que garanticen no solo el acceso a los servicios, sino a su calidad. Al momento se ha logrado establecer pisos mínimos en el acceso a los derechos sociales.
La Evaluación estratégica de protección social en México hace un contundente análisis sobre los riesgos en el tema y hace una propuesta general para enfrentarlos y constituir una base del sistema de protección social que contribuya al ejercicio efectivo de los derecho sociales, esté integrado conceptual e institucionalmente y tenga cobertura para toda la población y disponga de instrumentos para enfrentar tanto riesgos de largo como de corto plazo. Esta segunda edición, editada por el CONEVAL, busca fortalecer la discusión en torno a una de las problemáticas más complejas que afecta a los mexicanos.
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