Unicef México y el Coneval presentaron el reporte ejecutivo “Pobreza y Derechos Sociales de Niños, Niñas y Adolescentes en México, 2010-2012” , que analiza las particularidades de la pobreza infantil y las tendencias observadas en ese periodo.
Este tipo de publicaciones buscan contribuir en la toma de decisiones de los actores involucrados en el cumplimiento progresivo de los derechos de la infancia, especialmente de los más de 21.2 millones de niños, niñas y adolescentes que se encuentran hoy en pobreza y de los 4.7 millones que experimentan las mayores privaciones y la vulneración de sus derechos por vivir en condiciones de pobreza extrema.
El reporte ejecutivo muestra que, al igual que sucedió en el periodo previo analizado, los niveles de pobreza de la población infantil y adolescente en 2012 (53.8 por ciento) siguieron siendo significativamente mayores a los encontrados entre la población de 18 a 64 años (40.7 por ciento), a la población de 65 años o más (45.8 por ciento) y al promedio nacional que se ubicó en 45.5 por ciento.
A pesar de que la economía mexicana registró un crecimiento anual promedio de 4.3 por ciento entre 2010 y 2012 (Banco Mundial, 2013), éste no se vio reflejado en una disminución de los niveles de pobreza en general ni entre la población de 0 a 17 años, pero sí se registró una reducción de la pobreza extrema. Además, en comparación con el 2010, en 2012 hubo un incremento en el acceso a los servicios de salud para 3.4 millones de niñas, niños y adolescentes.
En el caso de los adultos, se observa una disminución de la pobreza extrema que pasó de 11.3 a 9.8 por ciento, mientras que para la población infantil y adolescente también se observó una reducción de la pobreza extrema, la cual pasó de 14.0 a 12.1 por ciento.
Uno de los aspectos que destacan en términos del ciclo de vida de la población infantil y adolescente es que entre los subgrupos de mayor edad se presentan menores niveles relativos de pobreza, ya que, mientras que 54.6 por ciento de los niños y niñas de 0 a 1 años de edad se encontraban en pobreza, 50.1 por ciento de aquellos entre 12 y 17 años estaban en esa situación.
Lo anterior hace manifiesta la mayor vulnerabilidad de los hogares con población en las primeras etapas de vida. Incluso en áreas donde existen políticas públicas explícitas para atender a la primera infancia, como el Seguro Médico Siglo XXI, se observaron tendencias preocupantes, pues el grupo de menores de un año presentó mayores niveles de carencia por acceso a los servicios de salud (27.5 por ciento), que los otros grupos de la población infantil y adolescente (inferiores a 20 por ciento).
Por lo tanto, es necesario contar con una estrategia integral de desarrollo infantil temprano, de tipo intersectorial, con estándares comunes de aplicación nacional y sólido enfoque de diversidad cultural que permita el acceso efectivo de la población indígena a estos servicios.
Otro hallazgo es que, en 2012, 61.3 por ciento de la población de 0 a 17 años era parte de hogares con un ingreso inferior a la línea de bienestar y 28.2 por ciento enfrentaba inseguridad alimentaria moderada o severa (es decir, carecían de los recursos necesarios para adquirir los alimentos que requerían para tener una alimentación sana y variada).
Estos dos indicadores demuestran que una proporción importante de esta población no tiene acceso a los bienes indispensables para su alimentación, lo que obstaculiza el ejercicio de sus demás derechos; de ahí la importancia de implementar estrategias para la atención a las carencias sociales de la población infantil y adolescente que se complementan con políticas y programas de fortalecimiento de las capacidades productivas, creación de empleos adecuados y generación de ingresos de los hogares.
Un reto que prevalece es el hecho de que la población infantil y adolescente indígena sea uno de los grupos que enfrentan mayores desventajas dentro de la sociedad mexicana, sobre todo en cuanto a vivienda y servicios básicos en la misma.
Es importante destacar que existen amplios sectores de la población infantil y adolescente sobre los cuales no se dispone de información adecuada para diseñar y evaluar las políticas y estrategias para su atención, como la población en situación de calle, albergues o viviendas colectivas, la niñez migrante o los adolescentes en conflicto con la ley, que no son considerados en las encuestas a hogares utilizadas para la medición de la pobreza.
El estudio se encuentra disponible en www.unicef.org/mexico y www.coneval.gob.mx