A través de una agenda permanente de investigación en pobreza y género, el CONEVAL busca proveer de insumos que contribuyan al diseño, la implementación y la evaluación de una política de desarrollo social que promuevan la igualdad entre hombres y mujeres.

Coneval se dio a la tarea de desarrollar un sistema de indicadores que permiten visibilizar las desigualdades que existen entre hombres y mujeres en el ejercicio de los derechos sociales incorporados a la medición de pobreza establecida en la Ley General de Desarrollo Social (LGDS) y, en particular, en tres espacios relevantes para el análisis de la desigualdad de género: el trabajo remunerado, el trabajo doméstico no remunerado y la dinámica doméstica.   

Esta información se concentra en el estudio Pobreza y Género en México: hacia un sistema de indicadores. Información 2008-2012, con el cual se pretende aportar información útil para la construcción de políticas de desarrollo social que garanticen la igualdad de hombres y mujeres y la eliminación de cualquier discriminación por motivos de género.

El estudio, que comprende el periodo 2008-2012 y está disponible en la página de Internet del CONEVAL (www.coneval.gob.mx), detectó lo siguiente:

Las características demográficas de los hogares dirigidos por mujeres sugieren que éstos se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad. En 2012, cerca de la mitad de los hogares con jefatura femenina tenían estructuras familiares ampliadas, las cuales tienden a contar con un mayor número de integrantes. Esta situación es aún más evidente entre los hogares dirigidos por mujeres pobres, donde residen más miembros en edades no laborales que miembros en edad de trabajar, lo cual se traduce en una tensión importante en la distribución de los recursos al interior del grupo familiar.

Los hogares que son dirigidos por mujeres son más propensos a presentar carencia por acceso a la alimentación; en 2012 24.3% de los hogares jefaturados por mujeres presentaron esta carencia, contra 20.5% de los hogares dirigidos por varones. Esta tendencia es mayor para aquellos hogares que se encuentran en situación de pobreza: 41.5% de los hogares dirigidos por mujeres contra 34.9% de los hogares jefaturados por hombres. En los hogares pobres con jefatura femenina no sólo la carencia es mayor, sino que, además, el grado de inseguridad alimentaria también es más severo.

Las mujeres tienden a presentar una participación en actividades económicas menor a la de los varones y esto es particularmente notable entre las mujeres pobres. En 2012, las mujeres en pobreza mostraron tasas de participación económica hasta 50 puntos porcentuales menores a las de sus contrapartes masculinas (83.4% de los hombres participaban en actividades económicas contra 39.4% de las mujeres). Las mujeres pobres, además, tienden a ocuparse en jornadas parciales de trabajo, lo que se traduce en remuneraciones menores.

Una de las fuentes de vulnerabilidad respecto a la participación laboral es la falta de acceso a la seguridad social de forma directa, es decir, que provenga automáticamente del trabajo de la mujer y no de otras personas de las cuales dependa. Las mujeres ocupadas tienen acceso directo a mecanismos de seguridad social en menor proporción que los hombres; en 2012 sólo seis mujeres ocupadas contaban directamente con seguridad social por cada diez hombres ocupados en la misma condición. Esto es más evidente entre las mujeres pobres, donde esta situación se presentaba en cuatro mujeres ocupadas por cada diez hombres. Por otra parte, el total de mujeres ocupadas que no reciben pago por su labor es abrumadoramente superior al de los hombres en la misma situación, sobre todo entre los 45 y 64 años, edades en las que existen cerca de tres mujeres sin remuneración por cada hombre sin pago.

Las mujeres que aún no han sido madres tienden a participar en actividades económicas en mayor proporción que las mujeres con hijos. Las diferencias más notorias se dan en mujeres de 25 a 44 años de edad. En 2012, 54.1% de las mujeres con hijos trabajaban de manera remunerada,  mientras que entre quienes no tenían hijos la proporción ascendía a 74.9%. Es importante señalar que las mujeres madres que no son pobres presentan una mayor participación laboral que las mujeres madres en condición de pobreza, lo que sugiere que la población femenina en pobreza carece de acceso a servicios de cuidado de los hijos que pudiesen favorecer su participación en el mercado de trabajo y, con ello, contribuir a la generación de ingresos.

A pesar de contar con la misma escolaridad, las remuneraciones que las mujeres ocupadas obtienen de sus trabajos son menores a las que perciben los hombres. Las diferencias salariales se acentúan entre la población pobre, la cual en promedio presenta hasta dos años menos de escolaridad que la población no pobre. Las brechas salariales tienden a ser menores entre hombres y mujeres con mayor escolaridad y menores niveles de pobreza.

Las mujeres, en particular las mujeres en pobreza, presentan una mayor dependencia de los recursos provenientes de programas sociales. Si bien esto refleja una focalización de la política social que tiende a favorecerlas, representa un reto importante en la creación de capacidades que les permita generar recursos de manera autónoma. Entre 2008 y 2012, prácticamente la totalidad del ingreso de los hombres, tanto pobres como no pobres, provenía de su trabajo (ya sea su salario o una pensión), así como alrededor de 90% del ingreso de las mujeres no pobres. Esta proporción se reduce a cerca de 70% entre las mujeres pobres.

El trabajo doméstico continúa siendo una actividad preponderantemente realizada por mujeres. En promedio, las mujeres dedican a los quehaceres domésticos entre 10 y 20 horas semanales más que los hombres, y entre ocho y 15 horas semanales más al cuidado, sin pago, de niños, ancianos, enfermos y/o personas con discapacidad. Asimismo, se observa que estas situaciones son comunes tanto para las mujeres que participan en el mercado laboral como para las que no lo hacen. En el primer caso, la sobrecarga de trabajo es aún más notable ya que deben dividir su tiempo entre el trabajo remunerado y el trabajo doméstico no remunerado, es decir, realizar una doble jornada de trabajo.

La sobrecarga de trabajo doméstico no remunerado es aún mayor para las mujeres en condición de pobreza, lo cual se debe, por un lado, a su incapacidad para adquirir servicios domésticos en el mercado laboral y, por otro, a una mayor precariedad en las condiciones materiales de la vivienda y sus servicios.

Consulta el estudio completo en: http://ow.ly/u2wPn