Uno de sus objetivos del CONEVAL desde la creación ha sido impulsar la implementación de esquemas de monitoreo y evaluación en las entidades federativas; por ello, ha colaborado con los gobiernos estatales para brindarles asesoría y apoyo técnico en la materia.
Aunque en México la institucionalización del monitoreo y la evaluación está en proceso, es posible verificar la existencia de elementos normativos que favorecen su práctica. A esto se suma el interés de las entidades federativas para conocer los resultados de las entidades públicas de sus gobiernos.
Este interés por conocer los avances en la implementación de políticas públicas, originó que en 2010 el CONEVAL desarrollara un primer ejercicio para identificar los elementos de monitoreo y evaluación con los que cuentan las 32 entidades federativas de México -31 estados y un Distrito Federal: el Diagnóstico del avance en monitoreo y evaluación en las entidades federativas 2011, disponible en nuestra página de Internet.
Como resultado de esta búsqueda se observó que en las 32 entidades federativas se tiene un área con atribuciones de monitoreo y evaluación distinta a los Comités de Planeación para el Desarrollo Estatal (COPLADE). En 21 entidades dicha área de evaluación se enmarca en la Ley de Desarrollo Social (LDS); en las 11 restantes, tienen su fundamento en otro tipo de normativa local.
Se identificó también que 29 entidades contaban con una Secretaría de Desarrollo Social o equivalente y 21 tenían Ley de Desarrollo Social; 17 entidades federativas tenían lineamientos o Reglas de Operación (ROP) para los programas estatales y 13 contaban con indicadores de resultados. Además, en 28 entidades se tienen ya indicadores de gestión, 13 habían realizado ejercicios de identificación de beneficiarios de los programas estatales y sólo 5 entidades federativas habían elaborado ejercicios de evaluación externa.
Praticamente todas las entidades federativas cuentan con normativa y han realizado ejercicios en materia de monitoreo y evaluación. Sin embargo, los ejercicios de evaluación detectados son casos aislados, no se encuentran sistematizados o son anteriores al 2011.
Contar con elementos normativos, desarrollo y difusión de instrumentos específicos y la capacitación de los servidores públicos en las entidades federativas y municipios, representan un avance para la institucionalización del monitoreo y de la evaluación en beneficio de quienes más lo necesitan.
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