La creciente flexibilización del empleo, la mayor inestabilidad en las trayectorias productivas y el impacto de variables externas, como la crisis sanitaria por la COVID-19, afectan el acceso de la población joven a un trabajo digno, así como su permanencia en el mercado laboral.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), durante el primer trimestre de 2020 el 62.3% de las y los jóvenes pertenecía a la población económicamente activa. De estos, el 56% tenía un acceso limitado o nulo a prestaciones laborales y el 45% laboraba en los sectores más afectados por la pandemia.
La alta participación de la juventud en el empleo informal afecta sus niveles de ingreso, acceso a servicios de seguridad social y coberturas ante riesgo de pérdida de empleo. Lo anterior, aunado a la alta incidencia de desempleo, los coloca en vulnerabilidad frente a la crisis y afecta sus oportunidades futuras de empleo.
¿Cómo se pueden atender estos retos?
En el Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2020, el CONEVAL ha señalado algunas rutas de acción para atender estos desafíos:
- Promover el acceso a la seguridad social de este grupo etario, independiente de su situación laboral, a través de un sistema de protección social universal.
- En el ámbito laboral se deben incluir mecanismos que propicien la adquisición de habilidades técnicas y que permitan disminuir los contextos de discriminación o la desventaja por falta de experiencia profesional.
- Garantizar el acceso a los servicios de salud, así como a los mecanismos de salud preventiva y salud mental.
- Proveer un ingreso mínimo para los jóvenes que perdieron su empleo a partir de las medidas de confinamiento para prevenir la propagación del virus SARS-CoV-2 y generar mecanismos con los sectores privado, público y social que incentiven el reingreso laboral de esta población.
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