Día Mundial de la Justicia Social

La justicia social es un principio fundamental para lograr la convivencia pacífica y próspera de todas las naciones. Una de las maneras en las que pueden defenderse los principios de justicia social es promoviendo la igualdad de género o los derechos de los pueblos indígenas y de los migrantes, así como eliminando las barreras que enfrentan las personas por motivos de género, sexo, edad, raza, etnia, religión, cultura o discapacidad.

La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas proclamó el 20 de febrero como el Día Mundial de la Justicia Social.

CONEVAL cuenta con información de 21 programas sociales referentes a la promoción de la justicia social, presentados en las Fichas de Monitoreo de programas y acciones de desarrollo social 2012-2013. Estos programas forman parte de cinco dependencias del Gobierno Federal: 13 son responsabilidad de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI); 1 de Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES); 1 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); 5 de la Secretaría de Educación Pública (SEP), y 1 de la Secretaría del Trabajo y la Previsión Social (STPS).

La información detallada de cada uno de los programas mencionados puede consultarse en el siguiente vínculo: http://ow.ly/tIoUg

 

 

Para consultar las Fichas de Monitoreo de Programas y Acciones de Desarrollo Social 2012-2013  haz clic en http://ow.ly/tIoUg

 

Indicadores de acceso y uso efectivo de los servicios de salud de afiliados al Seguro Popular

El CONEVAL realizó el estudio Indicadores de acceso y uso efectivo de los servicios de salud de afiliados al Seguro Popular a nivel nacional, 2012., en el cual identificó indicadores sobre el acceso y uso efectivo a los servicios de salud, que muestran que si bien la cobertura de afiliación a estos servicios creció de manera importante entre 2008 y 2012, la calidad y disponibilidad son aún insuficientes para que la población ejerza plenamente su derecho a la protección a la salud.

De acuerdo con la medición de la pobreza realizada por el CONEVAL, entre 2008 y 2012, la carencia por acceso a los servicios de salud disminuyó considerablemente al pasar de 42.8 millones de personas (38.4 por ciento) en 2008 a 25.3 millones personas (21.5 por ciento) en 2012. Esta importante disminución se debió, principalmente, al incremento en la afiliación de Seguro Popular.

Se considera que una persona carece de acceso a servicios de salud cuando no cuenta con afiliación, adscripción o derecho a recibir servicios médicos de alguna institución –IMSS, ISSSTE, PEMEX, Ejército o Marina- o de los servicios médicos privados. La medición de la pobreza proporciona información sobre la población que declara estar afiliada a diversas instituciones o programas de salud, como el Seguro Popular.

Las estimaciones de los indicadores analizados tomaron como fuentes principales de información el Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS), el Módulo de Condiciones Socioeconómicas de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (MCS-ENIGH) para los años 2008 y 2010, y la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT)  para los años 2006 y 2012.

Derivado del análisis, las conclusiones del CONEVAL fueron las siguientes:

  • La infraestructura y los recursos humanos a los que tienen acceso los afiliados al Seguro Popular no se han incrementado de manera similar al aumento en la cobertura de afiliación, al menos hasta el 2012, lo que se traduce en una disponibilidad relativa cada vez menor frente a la demanda creciente de los afiliados. Esto sin desestimar el gran esfuerzo que han llevado a cabo las autoridades de salud para lograr mayor cobertura de la población a través del Seguro Popular.

 

  • En cuanto a la dimensión de accesibilidad, la población afiliada al Seguro Popular reporta mayores tiempos de traslado a las unidades médicas que quienes están adscritos a otras instituciones. Esta situación se agudiza en localidades con menor número de habitantes.

 

  • En cuanto a la dimensión de utilización, los datos muestran un rápido crecimiento de la demanda por servicios de salud por parte de los afiliados al Seguro Popular, así como la disminución del número de personas que presentan problemas de salud y que no tienen afiliación. En 2010, las unidades de salud de la Secretaría de Salud tenían una demanda mayor que las del IMSS en términos absolutos.

 

  • Respecto a la calidad de los servicios, el aumento en la demanda de servicios de salud, junto con la disminución de la disponibilidad de los mismos, ha derivado en la profundización de la falta de atención a los problemas de salud y la mala calidad percibida por los beneficiarios. Un reto particular se relaciona con el desabasto de medicamentos, lo cual pone en evidencia problemas con la disposición de los servicios que se ofrecen y la falta de capacidad para atender la demanda que se ha generado con la creciente afiliación.

 

  • Estos resultados son consistentes con lo hallado en el análisis cualitativo del estudio sobre el acceso efectivo al Seguro Popular que identifica los elementos del proceso que va desde la afiliación hasta la atención y la eficacia y eficiencia resolutiva, que podrían limitar el acceso efectivo de la población afiliada al Seguro Popular.

 

  • Además, una vez afiliados, los usuarios del Seguro Popular, particularmente las mujeres embarazadas, se enfrentan con la falta de laboratorios en las unidades para que puedan certificar su embarazo y con esto entrar a la Estrategia de Embarazo Saludable; a información  ausente, insuficiente o errónea sobre cómo se incorporan los integrantes de las familias al Seguro Popular; a largos tiempos de espera para la afiliación y re afiliación, sobre todo en localidades donde no hay Módulo de Afiliación y Orientación y acuden brigadas, y desconfianza en las unidades prestadoras de servicios de salud y sobre el Seguro Popular, en específico.

 

  • Una vez afiliados los derechohabientes al Seguro Popular, el objetivo de lograr una atención en salud oportuna, integral, con calidad y calidez y sin desembolso, se ve mermada por distintos factores: insuficiencia de medicamentos y equipo, incluso los necesarios para atender lo señalado en documentos oficiales del Seguro Popular; en zonas rurales se suma la poca accesibilidad a hospitales de segundo y tercer nivel; saturación de clínicas y hospitales; insuficiente información sobre lo que cubre y no cubre el Seguro Popular y sobre lo que pagan y no pagan en específico los usuarios, así como una insuficiente profesionalización de los prestadores de servicio social de salud.

El diagnóstico permite corroborar que la afiliación a los servicios de salud como condición mínima para garantizar el derecho a la salud no es suficiente para asegurar que se ejerza plenamente este derecho. Por ello, el análisis del acceso y uso efectivo cobra relevancia, toda vez que aporta información que identifica importantes áreas de oportunidad sobre el deber del Estado de garantizar el derecho a la protección a la salud de la población.

Cuadro 1. Carencia por acceso a los servicio de salud, México, 2010 y 2012

Para consultar el documento completo, visita http://ow.ly/tEhCM