Con el objetivo de conocer el avance en la institucionalización de los elementos que favorecen y forman parte de los sistemas de monitoreo y evaluación, el CONEVAL realizó el Diagnóstico del avance en monitoreo y evaluación en las entidades federativas 2013.
Este ejercicio, que se realiza por segunda ocasión, permite identificar los avances que las entidades han tenido de 2011 al 2013 en relación con la creación de normatividad en materia de monitoreo y evaluación de su política social y la puesta de práctica de estos elementos para transparentar los recursos y rendir cuentas de los resultados de la política social.
Los resultados obtenidos en el Diagnóstico del avance en monitoreo y evaluación en las entidades federativas 2013 muestran que de manera general en todas las entidades federativas hubo un avance en la implementación de instrumentos normativos y prácticos de monitoreo y evaluación. En el promedio nacional se identificó una mejora en la implementación de normatividad en materia de evaluación y monitoreo al pasar de 44.4 puntos en 2011 a 52.5 puntos en 2013; sin embargo, el cambio de las entidades federativas en el uso de elementos de monitoreo y evaluación en ese mismo periodo, ha sido heterogéneo.
Las entidades que encabezan el Índice de Monitoreo y Evaluación para la implementación de los instrumentos normativos y prácticos en 2013 fueron Oaxaca, Estado de México, Distrito Federal, Guanajuato y Puebla, quienes tuvieron un promedio de 74.1, es decir, 41.1 por ciento arriba del promedio nacional.
Las entidades con variación en el Índice de Monitoreo y Evaluación para la implementación de los instrumentos normativos y prácticos en el periodo de 2011 al 2013 fueron San Luis Potosí, Oaxaca, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala.
Las entidades federativas reciben importantes recursos para el rubro del desarrollo social, por eso deben tener mecanismos de evaluación y transparencia.
Los principales resultados identificados en este documento muestran que las entidades federativas han tenido un avance positivo y han mejorado tanto en el aspecto normativo, como en la implementación de los instrumentos de monitoreo y evaluación.
Entre los principales avances y retos que se detectaron en este Diagnóstico 2013 para las entidades federativas destacan los siguientes:
- En todas las entidades federativas se identificó la existencia de una Ley de Desarrollo Social o equivalente; es decir que la mayoría posee elementos mínimos que permiten institucionalizar diversos elementos de monitoreo y evaluación en los programas de desarrollo social. Si bien una gran parte de las entidades ya contaban con esta normativa, siete mostraron un avance en los últimos dos años: Oaxaca, Morelos, Veracruz, Baja California Sur, Michoacán, San Luis Potosí y Tlaxcala.
- Todas las entidades cuentan con una normativa que regula la creación de padrones de beneficiarios y sólo 29 estados cuentan con padrones de beneficiarios en la práctica; de éstos, cuatro estados cuentan con un padrón único de beneficiarios: Coahuila, Guanajuato, Oaxaca y Quintana Roo.
- La mayoría de las entidades federativas cuentan con una normativa que establece criterios para la creación de programas nuevos. Mientras que en 2011 sólo ocho entidades regularon este tema, en 2013, lo hicieron 18.
- La mayoría de las entidades cuenta con una normativa para la elaboración de reglas de operación. De 2011 a 2013, 15 entidades reflejaron una mejora en este tema que tuvo una mejoría importante en estos dos años. Aunado a ello, 28 entidades han realizado ejercicios prácticos.
- Todas las entidades tienen una normativa que establece el monitoreo y la evaluación de la política y los programas de desarrollo social. Este elemento es uno en los que se advierte un mayor incremento de 2011 a 2013, pues 13 entidades mostraron un avance en estos dos años.
- Sólo seis entidades llevan a cabo una planeación de las evaluaciones: Distrito Federal –desde 2011–, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, a partir de 2013.
- 25 entidades establecen en su normativa la publicación de las evaluaciones realizadas. Sin embargo, sólo siete han efectuado evaluaciones a sus programas de desarrollo social de 2011 a la fecha: Chihuahua, Distrito Federal, Guanajuato, Jalisco, Oaxaca, Querétaro y San Luis Potosí.
- 13 entidades federativas han incluido en su normativa el seguimiento a los resultados de las evaluaciones, lo que significa que seis entidades lo establecieron entre 2011 y 2013. Sin embargo, en la práctica sólo dos han implementado el seguimiento a los resultados de las evaluaciones de 2011 a la fecha: Chihuahua y Jalisco; este último desde 2011.
- 15 entidades han emprendido estudios, diagnósticos, investigaciones o análisis en materia de desarrollo social de 2011 a 2013, mientras que en 2011 sólo cinco lo hicieron.
- 28 entidades determinan en su normativa la elaboración de indicadores de resultados y 30, de indicadores de gestión. En la práctica, 26 entidades cuentan con indicadores de resultados, y 31 estados cuentan con indicadores de gestión.
- Todas las entidades federativas establecen en su normativa el funcionamiento de un área responsable de realizar o coordinar la evaluación de la política y los programas de desarrollo social, así como sus atribuciones –de 2011 a la fecha, 16 entidades presentaron un avance en este tema, y 30 establecieron en su normativa los elementos que esta área debe tener–. En la práctica, 28 entidades han creado esta área de evaluación.
Para consultar toda la información del Diagnóstico del avance en monitoreo y evaluación en las entidades federativas 2013 visita la página www.coneval.gob.mx