En América Latina, México es reconocido por ser el primer país en declarar constitucionalmente el derecho al trabajo al incorporarlo en el artículo 123 hace poco más de cien años.
En el Informe De Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2018, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social analiza diversas dimensiones y subdimensiones que atañen al derecho al trabajo digno y a las dificultades que enfrentan algunos grupos vulnerables para ejercerlo.
Entre los principales hallazgos, el Informe destaca que en el periodo de 2010 a 2017, el porcentaje de la población desocupada descendió de 5.3 a 3.3%, pese a esto, un porcentaje de la población continúa en la informalidad laboral. Además, la disminución del desempleo encubre situaciones de precariedad laboral por falta de seguridad social, incertidumbre en cuanto a la duración del empleo, bajos ingresos y ausencia de prestaciones.
Los jóvenes son uno de los grupos de población con mayores dificultades para incorporarse a empleos formales. En 2017, del total de este grupo de la población, 59.9% se encontraba en empleos informales.
Del mismo modo, pese a que en los últimos 40 años la participación de las mujeres en el trabajo remunerado se ha incrementado de 17.6 en 1970 a 43.2% en 2017, la tasa de informalidad laboral es de 56% para este género, mientras que en los hombres es de 49.2%.
Para mejorar el acceso efectivo a este derecho, el CONEVAL recomienda reducir la informalidad laboral y diseñar estrategias específicas de formalización para los grupos vulnerables.
Consulta un panorama del acceso al derecho al trabajo y las recomendaciones completas emitidas por el Consejo, en la versión del Informe de Evaluación 2018.
