En su Estudio Diagnóstico del Derecho a la Alimentación Nutritiva y de Calidad 2018, el CONEVAL brinda elementos para entender el grado de avance en la garantía del derecho a la alimentación nutritiva y de calidad, para aportar elementos que contribuyan al diseño de políticas públicas con enfoque de derechos.
Te presentamos los cuatro retos en el ejercicio del derecho a la alimentación que se plasman en el diagnóstico:
- Es necesario reducir las diferentes manifestaciones de desnutrición y anemia en la población infantil, adultos mayores, así como en mujeres en edad reproductiva y embarazadas.
- Se debe trabajar en disminuir la prevalencia de sobrepeso y obesidad en toda la población, con atención especial a la población infantil. Para ello es necesario implementar estrategias que, de inicio, frenen el avance de estas enfermedades. Un ejemplo es el etiquetado en alimentos y bebidas, cuando es diseñado de manera clara y pertinente para ser entendido por cualquier persona, es una práctica que puede mejorar sustancialmente los patrones de consumo de los hogares, y, por ende, la calidad de la alimentación, ya que permite conocer el aporte calórico y nutrimental de los alimentos.
- Debe garantizarse el acceso a una alimentación adecuada con énfasis en la población de menores ingresos y de comunidades rurales. En ese sentido, es importante analizar las acciones encaminadas a elevar la productividad de las unidades económicas rurales que dependen de forma sustantiva de la producción de alimentos para consumo doméstico, e incluso, aunque en menor escala, para venta en mercados locales.
- Es necesario mejorar la oferta, distribución y sanidad de alimentos. En este caso, la información pública disponible se presenta de manera muy general y agregada y la verificación y revisión de muestras dista mucho de ser representativa. De esta manera, se carece de datos que permitan conocer la salubridad en unidades básicas como los hogares.
Consulta en su totalidad el Diagnóstico, para identificar brechas existentes entre grupos, regiones y entidades federativas y que limitan el disfrute del derecho a la alimentación.