El CONEVAL elaboró la Evaluación Integral de los Programas Federales vinculados al derecho a la alimentación nutritiva y de calidad 2018-2019, en donde analiza los 33 programas que atendieron a este derecho en el ejercicio fiscal 2018.
El objetivo de esta evaluación consiste en brindar elementos para que la política de desarrollo social continúe avanzando en garantizar el pleno goce del derecho a la alimentación.
A continuación, se enlistan algunos de sus hallazgos:
- La política nacional en torno al derecho a la alimentación se encuentra fragmentada en diversas estrategias e iniciativas independientes una de otra y poco coordinadas entre sí.
- Además de los 33 programas a nivel federal relacionados con la atención del derecho a la alimentación, se encontraron tres estrategias cuya finalidad era planear, coordinar y evaluar las diferentes acciones en su ámbito de competencia: Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria, Estrategia Nacional de Lactancia Materna y la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes. Sin embargo, estas no contaron con presupuesto específico ni un seguimiento constante de resultados, medidos a través de indicadores específicos, lo que dificulta contar con evidencia para determinar si este tipo de modelos son efectivos o no.
- La mayoría de los programas, estrategias e iniciativas que atienden aspectos del derecho a la alimentación están orientadas a atender el problema de la inseguridad alimentaria a través de dar acceso físico y económico a la alimentación y no tanto a atender retos como la anemia, la desnutrición, el sobrepeso y la obesidad por ser problemas asociados tradicionalmente al sector salud, aun cuando la evidencia sugiere que estos son mejor atendidos a través de intervenciones de alimentación complementaria y dirigidas a mejorar la calidad en la alimentación de las personas.
- Existen grupos etarios con alta prevalencia de anemia que no son focalizados por los programas, como las mujeres en edad fértil y la población adulta mayor, lo que muestra la necesidad de estudiar, complementar y/o modificar las acciones que se llevan a cabo con base en los resultados y la evidencia de los programas ya existentes.
- Persiste la desarticulación entre los sistemas de información de los programas sociales, así como poca utilización de instrumentos que permiten la identificación de las poblaciones, los apoyos que reciben y los programas en los que son beneficiarios, lo que lo que dificulta la planeación conjunta y la acción coordinada.
- En cuanto a la coherencia de las intervenciones, podemos decir que los programas no contemplan de forma deliberada este elemento en su diseño, es decir, entre sus objetivos, apoyos y poblaciones para la atención de los retos en garantía del derecho a la alimentación, aun cuando estos pueden ser complementarios entre sí y crear sinergias para aumentar su capacidad resolutiva; esto debido a que no fueron diseñados con el objetivo de atender los retos para garantizar el derecho, sino que surgen de una lógica de atención de necesidades y no de garantizar derechos.
Para conocer la vinculación de cada programa, con los retos que enfrenta el derecho a la alimentación, así como las recomendaciones que realiza el CONEVAL para mejorar la política de desarrollo social con enfoque de derechos, consulta la evolución completa. ow.ly/fvmq50y19Wb
