- Desde hace cinco años tanto el Gobierno Federal como diversos gobiernos locales han tomado la medición multidimensional de la pobreza como elemento central de la política social.
- El indicador de pobreza señalado en la Ley General de Desarrollo Social ha favorecido la generación de estrategias de coordinación de la política social, aun entre gobiernos de partidos políticos distintos.
- A pesar de estos avances, se requiere mantener y mejorar la coordinación interinstitucional para que la estrategia no decaiga hacia final del sexenio y se haga un uso más racional de los programas presupuestarios.
- También es necesario mejorar los instrumentos de generación de información y de construcción de padrones para que sean más transparentes y promuevan la acción pública.
- Entre los retos de mediano plazo está la necesidad de establecer una visión más amplia del desarrollo.
- Será importante que la política de desarrollo social evolucione hacia un enfoque de inclusión más amplio, que tenga como elemento central el acceso efectivo a los derechos sociales de todos los grupos de la población.
El Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2016 destaca la importancia que para la política pública, en los últimos años, han tenido los indicadores de pobreza que señala la Ley General de Desarrollo Social (LGDS), ya que permiten plantear un objetivo claro, medible y común.
Desde hace cinco años tanto el Gobierno Federal como diversos gobiernos locales han tomado la medición multidimensional de la pobreza que señala la LGDS, como elemento central de la política social.
El hecho de que la medición de la pobreza incluya los siguientes indicadores: ingreso de los hogares, rezago educativo, carencia por acceso a los servicios de salud, de seguridad social, carencia en la calidad y los servicios de la vivienda, así como carencia alimentaria, ha favorecido la generación de estrategias de coordinación de la política social, aun entre gobiernos de partidos políticos distintos, entre ellas se encuentran:
a) La modificación de la Ley de Coordinación Fiscal para redireccionar el uso de recursos del FAIS;
b) la Estrategia Nacional de Inclusión Social, y
c) la reagrupación de programas presupuestales para priorizar el presupuesto de programas con una contribución directa a alguno de los indicadores de carencia considerados en la medición de la pobreza.
Lo anterior ha contribuido a que las carencias sociales se hayan reducido, al menos hasta 2015, e incluso que el poder adquisitivo del ingreso haya aumentado, al menos hasta 2016.
No obstante el reconocimiento de estas estrategias y el avance que han significado en materia de política pública, este Informe señala que aún existe camino por recorrer para lograr que el desarrollo social sea más amplio que sólo el abatimiento de la pobreza.
El Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2016 enfatiza que diversos grupos vulnerables siguen necesitando políticas públicas más amplias que consideren sus particularidades para que puedan contar con oportunidades económicas, políticas y sociales similares a las de otros grupos que han tenido históricamente mayores privilegios.
El Informe señala que el enfoque de la política de desarrollo social que se ha centrado en los indicadores de pobreza, necesita establecer una visión más amplia del desarrollo. Los indicadores de pobreza son sólo un primer paso, un piso mínimo en la ampliación de oportunidades y el acceso efectivo a los derechos sociales.
Reducir la pobreza será benéfico para la población, pero será insuficiente para la ampliación de sus oportunidades. Para ello, parece necesaria la evolución de la política de desarrollo social hacia un enfoque de inclusión más amplio en tanto no sólo se trate de proveer bienes, sino que potencialice el acceso efectivo a los derechos sociales de todos los segmentos de la población y así garantizar la participación plena de todos los grupos en cualquier actividad económica, política y social.
Por ejemplo, mientras a nivel nacional la pobreza es de 46.2%, entre la población indígena la pobreza es de 73.2%. En tanto la población de hombres no indígenas entre 21 y 55 años, la pobreza es de sólo 38.9%.
Si bien la participación de mujeres en la Cámara de Diputados federal es ahora de aproximadamente 41.4%, hay congresos estatales con un gran rezago: Querétaro 8.0%, Coahuila 12%, Nuevo León 14%, Puebla 14.6%, Durango 16%, Estado de México 17%, Sinaloa 17.5%, SLP 18%, Tlaxcala 18.8%, Guanajuato y Guerrero con 19%. Ejemplos que muestran que la política social debe tener elementos más amplios que la mera reducción de pobreza para generar una sociedad de igualdad de oportunidades.
El Informe destaca también que otros retos importantes de la estrategia actual de política social tienen que ver con mantener y mejorar aún más la coordinación y la generación de instrumentos de información.
Si bien la coordinación ha mejorado a partir de tener un indicador común bien establecido, todavía existen algunos retos. Ejemplo de lo anterior es la persistencia de un gran número de programas.
(5,491) federales, estatales y municipales, lo cual implica mayores gastos de operación en los tres órdenes de gobierno. Asimismo, se observan diversos programas presupuestarios similares al no existir mecanismos suficientes a través de los cuales se comparta información precisa sobre los beneficiarios y los objetivos para tomar mejores decisiones sobre los recursos públicos. A pesar de los avances en la coordinación de la estrategia, se requiere que ésta se mantenga hacia el final del gobierno.
La Sedesol ha estado generando información para relacionar mejor los apoyos que se otorgan con la población que los recibe. Se requiere sin embargo, la construcción efectiva y transparente de padrones y sistemas de información que promuevan la acción pública. En el caso de la Cartilla Social, se advierte que el instrumento debe pasar por un proceso de evaluación y auditoría social para generar mayor certidumbre entre todos los actores.